En CCIS mapeó la oferta gubernamental, civil e internacional relacionada con la participación ciudadana y comunitaria. De manera general, CCIS define a la participación ciudadana y comunitaria como el involucramiento de las personas (individual o colectivamente, de manera organizada o no organizada, formal o informal) en asuntos de interés público. Específicamente, CCIS realizó un análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes generales y federales en el contexto de la participación ciudadana y comunitaria, que arrojó como resultado la definición de ocho vertientes de la participación ciudadana y comunitaria:
Con su propia metodología, el equipo de CCIS identificó, en cuanto a la oferta gubernamental, 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 152 leyes generales y federales vigentes1; 320 instituciones públicas federales o nacionales; 8 instituciones públicas federales o nacionales de mayor jerarquía; 5 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 16 objetivos del PND; 22 estrategias del PND; 38 líneas de acción del PND; 43 instrumentos de política pública federales; 100 programas presupuestarios federales y 441 unidades responsables de ejercer los recursos de los programas presupuestarios federales relacionados con la participación ciudadana y comunitaria.
En cuanto a la oferta civil, el equipo de CCIS identificó: 14,366 OSCs con CLUNI activa10, cuyas actividades objeto de fo- mento se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria; 5,588 OSCs que realizan actividades autorizadas para recibir donativos deducibles relacionadas con la participación ciudadana y comunitaria y 197 OSCs que recibieron recursos para 203 proyectos relacionados con la participación ciudadana y comunitaria, a través del Programa de Coinversión Social, durante el año 2017.
En cuanto a la oferta internacional, el equipo de CCIS identificó para el mismo año, 50 proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) que se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria; 8 dependencias encargadas de proyectos de CID que se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria; 9 unidades administrativas de las dependencias encargadas de proyectos de CID que se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria; 68 gobiernos extranjeros que fueron contraparte de proyectos de CID que se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria y 11 organismos internacionales que fueron contraparte de proyectos de CID que se relacionan con la participación ciudadana y comunitaria.
A partir del análisis realizado con la información disponible, es posible aseverar, por un lado, que el respeto, promoción, protección y garantía del derecho humano a la participación ciudadana o comunitaria no se ha transversalizado ni en la oferta gubernamental, ni en la oferta civil, ni en la oferta internacional. Las condiciones para ejercer plenamente este derecho dependen, en la práctica, de unas cuantas leyes, instituciones, instrumentos, programas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Por el otro lado, pese a que se suele pensar lo contrario, el análisis permitió identificar que sí existen elementos relacionados con la participación ciudadana y comunitaria en el sector público, civil e internacional.
